Hipótesis de Trabajo: La investigación parte de una crítica a enfoques historiográficos anteriores que o bien subordinaban el movimiento de Chayanta a la rebelión de Túpac Amaru II, o establecían una relación determinista simple entre estímulos económicos (como los repartimientos o tributos) y los movimientos sociales.
La hipótesis central [implícita en el enfoque metodológico] es que las acciones de los indígenas de Chayanta, tanto sus demandas judiciales como sus formas violentas de expresión, estaban estructuradas por mecanismos simbólicos. Estos mecanismos se basaban en nociones de legitimidad y justicia arraigadas en la cultura popular, manifestando una representación ideal del orden social como un pacto entre el Rey y los indios. Según esta visión, el Rey garantizaba derechos (como acceso a la justicia y protección de sus tierras y autoridades étnicas legítimas) a cambio del cumplimiento de las obligaciones indígenas (el entero de tributos). La rebelión, por lo tanto, no buscaba impugnar las instituciones coloniales o sus jerarquías, sino la perversidad de los actores locales (corregidores y caciques mestizos) que transgredían estas leyes.
Objetivos: El objetivo de este trabajo es analizar la relación de los indios, específicamente de su líder Tomás Catari, con las instituciones judiciales españolas. El estudio se centra en la forma en que los indígenas representaban idealmente su relación con los tribunales coloniales, es decir, la imagen que tenían de sí mismos y de las instancias de poder a las que apelaban para satisfacer sus demandas. Esto implica dilucidar los mecanismos simbólicos que generaron las acciones de los indios.
Metodología: La metodología se basa en el análisis de los discursos y el intercambio discursivo protagonizado por los actores del conflicto. Específicamente, se analiza un interrogatorio inédito a Tomás Catari llevado a cabo por el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas, Manuel García, el 29 de agosto de 1780.
Mediante la reorganización del texto, el análisis busca poner de relieve las asociaciones, oposiciones e identificaciones semánticas entre las acciones atribuidas a los distintos actores (corregidor, caciques mestizos, indios, Rey) y el valor adjudicado a determinadas relaciones sociales (tributos, justicia). Esto permite identificar los "efectos de sentido" generados en el discurso. Se distingue la distancia que existe entre el sentido producido por Catari (basado en un saber comprobado y verificable) y su reconocimiento por parte del Fiscal (basado en relaciones de poder incuestionables).
Conclusiones: El análisis del interrogatorio muestra que la estrategia judicial de Catari, destinada a la reproducción del pacto entre el Rey y los indios, termina en fracaso.
La conducta de las instituciones coloniales superiores (la Real Audiencia y el Virrey), que inicialmente confirmaron las denuncias de Catari (por usurpación de tributos y abusos), revierte progresivamente. Finalmente, el aparato judicial se alía con el corregidor Joaquín Alos, un actor que Catari había identificado como enemigo del Rey y de los indios.
La Audiencia llega a considerar que las denuncias comprobadas por Catari (Bernal usurpa tributos; Alos no cumple providencias) son, paradójicamente, pruebas de la "atroz criminalidad" del líder indígena.
La divergencia entre Catari y el Fiscal se basa en dos modalidades enunciativas contradictorias. Catari parte de una verdad comprobada empíricamente (la usurpación de tributos por Bernal), mientras que el Fiscal parte de una premisa basada en el poder incuestionable ("El corregidor sirve al Rey"). De esta manera, el poder se ejerce ignorando la verdad, y la estructura institucional termina identificándose con las relaciones de poder concretas, oponiéndose a quienes denuncian las transgresiones al orden legal, tildando sus acciones de "criminales".
Fil: Serulnikov, Sergio Esteban. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.
